Solo el 17% de los puntos críticos ante el Fenómeno El Niño cuenta con obras en ejecución en Perú

La vulnerabilidad del territorio peruano frente a los eventos hidrometeorológicos extremos ha vuelto a quedar en evidencia tras la difusión de cifras alarmantes sobre la preparación nacional ante el Fenómeno El Niño. Según reportes recientes, apenas el 17% de los puntos críticos identificados en todo el país cuenta actualmente con intervenciones en fase de ejecución. Esta cifra no solo revela una preocupante lentitud administrativa, sino que expone a millones de ciudadanos y a la infraestructura productiva a riesgos que, en teoría, deberían estar siendo mitigados con antelación. La gestión de riesgos de desastres en el Perú enfrenta un desafío estructural que trasciende la simple asignación presupuestaria, adentrándose en la capacidad de gestión técnica y la continuidad de las inversiones públicas en las zonas más sensibles del mapa nacional.

El panorama actual es el resultado de una acumulación de deficiencias en la cadena de inversión pública. A pesar de que las proyecciones climáticas han advertido con suficiente antelación sobre la recurrencia de este fenómeno, la respuesta institucional parece no haber alcanzado la velocidad necesaria. Los puntos críticos, definidos como aquellas zonas geográficas con alta probabilidad de sufrir desbordes, inundaciones o deslizamientos, requieren intervenciones de ingeniería específicas, como la descolmatación de cauces, la construcción de defensas ribereñas y la instalación de sistemas de drenaje pluvial. Sin embargo, el avance real en el terreno muestra una brecha significativa entre lo planificado y lo ejecutado, lo que genera una sensación de desprotección en las regiones más expuestas.

El lastre de las obras paralizadas y abandonadas

Uno de los datos más críticos que emergen de este análisis es la existencia de un enorme inventario de proyectos que no han logrado concluirse. El país arrastra más de 900 obras de gestión de riesgos y emergencias que se encuentran actualmente paralizadas o en estado de abandono. Esta situación es particularmente grave porque muchas de estas obras representan inversiones millonarias que ya han sido desembolsadas parcialmente, pero que al no estar terminadas, no cumplen ninguna función protectora. Por el contrario, en algunos casos, las obras inconclusas pueden incluso agravar los daños durante una inundación al alterar el flujo natural de las aguas sin ofrecer la resistencia estructural necesaria.

La paralización de estas obras suele responder a una combinación de factores: desde deficiencias técnicas en los expedientes de ingeniería hasta problemas legales con las empresas contratistas y demoras en la liberación de terrenos. En el contexto del Fenómeno El Niño, cada día de retraso se traduce en un incremento exponencial del riesgo. La falta de continuidad en la gestión pública, sumada a la rotación de funcionarios en los gobiernos regionales y locales, ha contribuido a que estos proyectos queden en un limbo administrativo que nadie parece capaz de destrabar con la urgencia que la emergencia climática demanda.

Impacto económico de la inacción preventiva

Desde una perspectiva económica, la baja ejecución en los puntos críticos representa una amenaza directa para el crecimiento del Producto Bruto Interno (PBI). El Fenómeno El Niño no solo afecta la seguridad física de las personas, sino que golpea sectores clave como la agricultura, la pesca y el transporte. La destrucción de carreteras y puentes interrumpe las cadenas de suministro, elevando el precio de los alimentos en las ciudades y reduciendo la competitividad de las exportaciones peruanas. Cuando solo el 17% de los puntos críticos está siendo atendido, el Estado está asumiendo implícitamente el costo de la reconstrucción futura, que suele ser hasta siete veces más caro que la inversión en prevención.

Los analistas económicos advierten que la recurrencia de desastres naturales sin una infraestructura de mitigación adecuada genera un ciclo de pobreza en las regiones afectadas. Las familias pierden sus activos, las pequeñas empresas quiebran y el Estado debe desviar recursos destinados a educación o salud para atender la emergencia. Por ello, la eficiencia en la ejecución de obras preventivas no es solo una cuestión de ingeniería, sino un pilar fundamental de la estabilidad macroeconómica y social del país. La parálisis de más de 900 obras es, en esencia, una fuga de capitales y una pérdida de oportunidad para fortalecer la resiliencia nacional.

El país arrastra más de 900 obras de gestión de riesgos y emergencias paralizadas o abandonadas.

Análisis regional de la vulnerabilidad

La distribución de estos puntos críticos no es uniforme, y algunas regiones del norte y centro del país concentran la mayor parte de la vulnerabilidad. Departamentos como Piura, Lambayeque, La Libertad y Tumbes han sido históricamente los más golpeados por las lluvias intensas asociadas a El Niño. En estas zonas, la demora en la ejecución de obras es recibida con desesperación por la población y los gremios empresariales. La falta de defensas ribereñas en ríos caudalosos como el Piura o el Reque pone en jaque a miles de hectáreas de cultivos de exportación y a centros urbanos densamente poblados.

A pesar de la creación de entidades especializadas y la asignación de presupuestos extraordinarios, la descentralización de la ejecución no ha dado los resultados esperados. Muchos municipios distritales y provinciales carecen de los cuadros técnicos necesarios para supervisar obras de gran envergadura, lo que deriva en contratos mal gestionados o proyectos que se detienen ante la primera dificultad técnica. La centralización de la estrategia de prevención parece ser una alternativa que se discute nuevamente, buscando que organismos con mayor capacidad operativa tomen el control de los puntos críticos más urgentes.

Desafíos en la gestión de la Autoridad Nacional de Infraestructura

La transición hacia nuevos modelos de gestión, como la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), busca precisamente superar el bache dejado por modelos anteriores que no lograron cerrar las brechas de prevención. Sin embargo, el reporte del 17% de ejecución sugiere que el cambio institucional aún no se ha traducido en una aceleración tangible de las obras en el terreno. La ANIN tiene el reto de no solo iniciar nuevos proyectos, sino de rescatar aquellas 900 obras paralizadas que representan un lastre para el presupuesto nacional. La gestión de riesgos requiere una visión de largo plazo que no se vea interrumpida por los ciclos políticos.

Para mejorar estos indicadores, es imperativo implementar mecanismos de control concurrente más efectivos y simplificar los procesos de contratación en situaciones de emergencia preventiva. La burocracia actual, diseñada para evitar la corrupción, a menudo termina bloqueando la ejecución de obras vitales. Encontrar el equilibrio entre la transparencia y la celeridad es el gran dilema que las autoridades peruanas deben resolver antes de que la naturaleza imponga su propio calendario. La infraestructura de prevención debe ser vista como una inversión estratégica y no como un gasto corriente sujeto a recortes o postergaciones.

La importancia de la ingeniería y la tecnología en la prevención

Más allá de la construcción de muros de concreto, la gestión moderna de puntos críticos debe integrar soluciones basadas en la naturaleza y tecnología de monitoreo en tiempo real. La descolmatación de ríos, aunque necesaria, es a menudo una medida paliativa que debe repetirse cada año. Soluciones más sostenibles, como la reforestación de las cuencas altas y la creación de zonas de laminación de avenidas, requieren una planificación que parece estar ausente en el actual portafolio de proyectos. La baja ejecución del 17% también refleja una falta de innovación en las propuestas técnicas que se presentan para mitigar los efectos de El Niño.

El uso de modelos hidrológicos avanzados y drones para el mapeo de zonas de riesgo permitiría priorizar las intervenciones de manera más inteligente. Sin embargo, si la gestión administrativa básica para mover tierras o colocar rocas está fallando, la implementación de tecnologías sofisticadas parece aún lejana. El enfoque debe volver a lo fundamental: asegurar que los recursos lleguen al terreno y que las obras se terminen en los plazos establecidos. La ingeniería peruana tiene la capacidad de enfrentar estos retos, pero requiere un marco institucional que facilite el trabajo en lugar de entorpecerlo con trámites redundantes.

Consecuencias sociales y pérdida de confianza

La cifra del 17% tiene un rostro humano. Son las familias que viven en las riberas de los ríos y que, año tras año, ven cómo sus hogares son amenazados por el agua. La desconfianza hacia las autoridades crece cada vez que se anuncia un nuevo plan de prevención que no se materializa. Esta erosión del capital social dificulta la implementación de medidas necesarias, como el reasentamiento poblacional de zonas de muy alto riesgo no mitigable. Si el Estado no es capaz de ejecutar obras de protección básicas, difícilmente podrá convencer a la ciudadanía de abandonar sus viviendas por razones de seguridad.

La comunicación transparente sobre el estado de las obras es vital. Las autoridades deben explicar por qué hay 900 proyectos detenidos y qué se está haciendo específicamente para reactivarlos. El secretismo o la difusión de cifras optimistas que no coinciden con la realidad del terreno solo profundizan la crisis de legitimidad. La prevención de desastres es un contrato social: los ciudadanos pagan impuestos y respetan las normas de zonificación a cambio de que el Estado garantice un nivel razonable de seguridad frente a fenómenos naturales previsibles como El Niño.

Hacia una reforma de la inversión en prevención

Para revertir la situación actual, es necesaria una reforma profunda en la forma en que se conciben y ejecutan las obras de prevención en el Perú. Esto incluye la creación de un fondo de contingencia específico para el destrabe de obras paralizadas y la implementación de contratos de mantenimiento a largo plazo para la infraestructura ya construida. No basta con terminar una defensa ribereña; es necesario asegurar que se mantenga operativa durante décadas. La baja ejecución actual debe servir como una señal de alerta máxima para el Gobierno Central y los organismos de control.

En conclusión, el hecho de que solo el 17% de los puntos críticos tenga obras en ejecución es un síntoma de una enfermedad más profunda en la gestión pública peruana. Con más de 900 obras abandonadas, el país se encuentra en una carrera contra el tiempo. El Fenómeno El Niño no espera a que los expedientes técnicos se aprueben o a que los juicios con las constructoras terminen. La respuesta debe ser inmediata, técnica y, sobre todo, honesta con la realidad de los riesgos que enfrentamos. La economía y la vida de millones de peruanos dependen de que ese porcentaje de ejecución aumente drásticamente en los próximos meses, antes de que las primeras lluvias conviertan la inacción en tragedia.